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curiosidad de la semana

    Visto en:  El norte de castilla


Las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Cantabria gestionarán de forma coordinada el Parque Nacional de Picos de Europa a partir de septiembre, después de que los tres gobiernos autonómicos y el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública firmaran ayer, tras seis años de espera, el traspaso de las competencias sobre este espacio protegido. El acuerdo alcanzado con los gobiernos de Castilla y León, Asturias y Cantabria será efectivo a partir del 1 de febrero, pero habrá un periodo transitorio de gestión tutelada por la Dirección de Parques Nacionales hasta el mencionado mes de septiembre de 2011. Además, supone el traspaso de 82 puestos de trabajo, de los que 26 corresponden a personal funcionario y 56 a personal laboral y tiene un coste efectivo de 7,9 millones de euros.
 La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, María Jesús Ruiz, explicó que el Parque será gestionado de forma coordinada a través de un Consorcio, de modo que cada comunidad nombrará a un coodirector, que tendrá la responsabilidad de administrar y ejecutar las actividades del parque en su territorio y cuya presidencia será rotatoria por periodos anuales. «El primer año será por sorteo y los años sucesivos por orden alfabético», ha apuntado.
  Las tres comunidades asumirán el 1 de febrero de 2011 la administración y gestión ordinaria y habitual del parque, y les corresponderá la aprobación y gestión del Plan Rector de Uso y Gestión, determinar la composición del Patronato, su régimen interno de funcionamiento y el nombramiento de su presidente, en el marco de la legislación básica del Estado. El Estado, que formará parte del Patronato del Parque Nacional de Picos de Europa, se compromete a elaborar un Plan Director de la Red de Parques Nacionales, proponer instrumentos de cooperación para la consecución de los objetivos de la Red, además de promover la aplicación de los mecanismos necesarios para suprimir los usos declarados con carácter básico como incompatibles con los objetivos de la Red.

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